Tanto en México como en Buenos Aires, el desafío del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo se ha afirmado como una de las dimensiones capitales del debate sobre la ciudad. Asociada a los temas de la segregación, de la precariedad y de la seguridad, esta problemática es parte de un cuestionamiento más amplio sobre el “proyecto de ciudad” y la gobernanza de estas vastas metrópolis, en las cuales la progresión del frente inmobiliario ha encarecido el acceso al suelo y atizado los conflictos. ¿Pero qué programas han sido puestos en marcha para satisfacer la demanda de los segmentos más pobres de la población en un marco caracterizado a la vez por la adhesión, a lo menos retorica, de las nuevas autoridades municipales à la reivindicación del “derecho a la ciudad”, y por la modificación de los mecanismos de financiamiento de la vivienda social a contar de los años ochenta y de la inflexión neoliberal del conjunto de las políticas sociales? ¿Qué imágenes, relatos y representaciones de la ciudad y de la vivienda social motivan y legitiman la acción pública? ¿Cómo se ejerce el derecho a la vivienda, por medio de decisiones consensuadas, o a través del conflicto y según las relaciones de fuerza entre actores? ¿Quiénes son los beneficiarios de estos procesos? ¿Cuáles son las estrategias espaciales y políticas de los diferentes agentes que intervienen en el campo de la vivienda? ¿En qué medida los conflictos y las resistencias, pero también la participación creciente del sector cooperativo y asociativo, redibujan la oferta institucional? Para responder estas numerosas preguntas, hemos privilegiado una entrada a través dos instituciones – el INVI en México y la CMV/IVC en Buenos Aires-, organismos responsables de la ejecución de la política habitacional en los sectores céntricos de estas dos metrópolis. En efecto, la designación de las autoridades políticas por medio de elecciones y las reformas fomentadas por la descentralización han reconocido nuevas competencias a los niveles locales de gobierno. El cambio en las escalas de gobierno y las transformaciones de los sistemas de actores han favorecido una singularización y una territorialización de las políticas de vivienda, las que se despliegan de manera diferenciada en el espacio metropolitano, especialmente en el caso de los cascos centrales. La crisis de la vivienda toma de esta manera colores diferentes y recibe respuestas disparejas según los diferentes lugares en los que se la observa. Estas dos entidades han conocido cambios en sus objetivos, en sus paradigmas de referencia y hasta en sus apelaciones, al ritmo de las evoluciones de la gobernanza y de los espacios metropolitanos. Es por ello que su estudio nos aporta nuevas luces sobre estos temas. En particular, tanto el INVI que el IVC han debido enfrentar dos de los fenómenos urbanos recientes que nos parecen más interesantes. En el plano político, el derecho a la vivienda se debate entre la reivindicación de una validez casi ecuménica, fundamentada en su asimilación a un nuevo derecho humano, y el fraccionamiento acentuado, desembocando a veces hasta en la deslegitimación, de los referentes organizacionales que lo representaban. En un plano ya más territorial, estas organizaciones han conocido una acentuación de los conflictos y de los obstáculos en sus perímetros de intervención. Si el crecimiento periférico sigue siendo la dinámica dominante de las ciudades latino-americanas, la concentración de los recursos urbanos en los espacios centrales en una coyuntura de crisis cíclicas así como la misma extensión de las áreas urbanas han reevaluado la localización central como opción residencial para los hogares populares, y azuzado por ende la competencia por estos espacios. Pero paralelamente, la revalorización del suelo urbano, generalizada pero de una intensidad variable en el área metropolitana, han reducido los espacios de acogida de la vivienda social. En consecuencia, todas nuestras preguntas deben considerar en que espacio específico se inscriben las estrategias de los actores. Tal vez, es nuestra manera de revisitar la relación centro/periferia, sepultada por muchos por ya no ser operacional para pensar el espacio metropolitano. Pero que en los casos que nos interesan, sigue marcando presencia en los imaginarios, en las políticas públicas, y evidentemente, en las estrategias de los actores, comenzando por el Estado federal, pero también los promotores y las organizaciones populares.