Esta ponencia parte de la idea de que en democracia, sin transparencia no hay rendición cuentas. Es un principio fundamental para avanzar hacia un sistema democrático de calidad. Hace unos años se decía que la rendición de cuentas se hacía efectiva en el momento de las elecciones, justo cuando el ciudadano decidía premiar o castigar a un determinado partido o candidato. En la actualidad, ejercer el voto no es suficiente para la rendición de cuentas, sino que es necesario informar a los ciudadanos sobre las decisiones, la asignación de los recursos, la implementación y, sobre todo, la evaluación de las políticas públicas. Lo anterior es importante en democracia porque, en la medida en que un ciudadano cuenta con información veraz y oportuna, se siente más implicado en el proceso de decisión política. En los últimos seis años México ha realizado un esfuerzo por institucionalizar las políticas de transparencia y rendición de cuentas, pero ha sido insuficiente para afianzar los mecanismos tanto de la accountability gubernamental, como de la burocrática. El diseño y puesta en marcha de entidades como el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el Sistema Nacional de Archivos, la Auditoría Superior de la Federación y la aprobación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no han producido los frutos esperados y, por el contrario, han encontrado serios obstáculos por parte de los tres niveles de la administración pública y los partidos políticos. En este sentido, el objetivo de este estudio es analizar los avances y las deficiencias que han supuesto las políticas de transparencia y rendición de cuentas en los últimos seis años del gobierno panista en México y proponer una serie de medidas que adoptar a partir del 1 de diciembre de 2012, como parte de un programa de modernización de la administración pública. Para ello, recurriremos al análisis de políticas públicas para tratar de explicar el proceso de decisión en materia de transparencia y rendición de cuentas, basándonos en elementos esenciales como la propia estructura de la administración pública, el contexto sociopolítico y la red de actores.