Marzo del 2020. Con el fin de frenar la propagación del Covid19, Francia cierra oficialmente sus fronteras, obstaculizando el paso a los miles de jornaler@s extranjer@s que trabajan habitualmente en las fincas del sur del país. “El país está en guerra”, declara el presidente Macron. A la retórica bélica se suma la del patriotismo alimentario. Lemas como “del campo a mi plato” buscan concienciar al ciudadano-consumidor y se crea una página de internet para que aquellos que lo deseen puedan alistarse como voluntarios en el “gran ejército de la agricultura francesa” para salvar las cosechas y prevenir así la anunciada hambruna. Sin embargo, de los 300.000 inscritos, solo 15.000 voluntarios serán reclutados. El “problema” tiene menos que ver con la oferta de trabajo que con la demanda, ya que los empresarios agrícolas prefieren emplear jornaler@s migrantes, precarizados y desechables. De hecho, en los medios de comunicación, empleadores y organizaciones patronales agrícolas reconocen lo que por lo regular callan: l@s jornaler@s extranjer@s trabajan más duro y están más cualificados para realizar estas tareas. Paulatinamente, se va así construyendo a nivel político y mediático la idea de que existe una escasez de mano de obra, idea en base a la cual se van a tomar medidas excepcionales para suavizar el control fronterizo y permitir la entrada de l@s jornaler@s migrantes. Este breve texto es el fruto de una investigación colectiva sobre el caso de l@s trabajador@s “desplazad@s” a la agricultura intensiva de la Provenza, región de Francia. En él se intenta describir cuáles han sido las condiciones cotidianas de vida y de trabajo de l@s jornaler@s migrantes y qué efectos ha provocado sobre éstos el cierre relativo de las fronteras durante la crisis sanitaria por el Covid19.